La contratación pública es el instrumento estatal llamado a asegurar la gestión eficiente de los servicios públicos o para atender oportunamente las demandas sociales. Sin embargo, dicha labor se va obstaculizada, sino impedida, por intereses particulares ajenos. La contratación pública resulta sumamente atractiva para la comisión de actos corruptos y defraudatorios, debidos a las altas cantidades de dinero destinadas, las facilidades para adquirirlo y las altas probabilidades de que dichas conductas pueden en la impunidad ante las autoridades.
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