El proceso de constitucionalización del Derecho se ha desarrollado intensamente en los últimos años en el ámbito administrativo y tributario, donde se han esclarecido y fortalecido los límites de la potestad del Estado para sancionar, así como para establecer tributos. La supremacía constitucional ha permitido que el acto administrativo -y su eficacia-, así como los principios constitucionales tributarios -como el principio de no confiscatoriedad-,sean resguardados en sede constitucional. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han contribuido innegablemente en el mencionado proceso, protegiendo derechos como el debido proceso en el marco de procedimientos administrativos sancionadores o tributarios.
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