Los delitos de secuestro y extorsión han merecido un tratamiento político criminal muy llevado a la sobrecriminalización, que se expresa desde un portentoso listado de circunstancias de agravación, hasta fórmulas agravadas que posibilitan la aplicación de la cadena perpetua. Las reformas legales a este respecto nunca cesan ante un legislador muy proclive a atender las demandas de mayores dosis de punición. Prueba de ello es la reciente delegación de facultades al ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudada, que justamente ha derivado en la incorporación de una nueva agravante del delito de extorsión, a través del D. Leg. N.° 1611.
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